Consultorio Jurídico Valledupar
En la actualidad el mundo entero está padeciendo de una dura crisis, como consecuencia de la rápida expansión y propagación del nuevo coronavirus (COVID-19), virus que ha terminado con la vida de muchas personas alrededor del mundo. Colombia no ha sido la excepción de este caso, por eso el Estado se vio obligado a tomar medidas sanitarias para
la contención y prevención del virus, evitando así la pérdida de vidas colombianas. Una de las áreas realmente afectadas se ve en materia laboral, por lo tanto el estado también se ha pronunciado frente a ello, estableciendo medidas contingentes en esta materia
La pandemia COVID-19 y las medidas contingentes en materia laboral que ha expedido el Gobierno Nacional han tenido como efecto flexibilizar los derechos de los trabajadores, es decir, favorecer a sus derechos. El Decreto 417 de 2020 es una de estas medidas, a través del cual se imparten instrucciones sobre la emergencia sanitaria, contempla por lo menos 30 actividades económicas que no verán afectado su desarrollo durante la cuarentena, siendo estas consideradas como necesarias por el servicio que prestan. No obstante, los empleadores pertenecientes a estos sectores económicos e incluso otros, deberán adoptar en lo posible modalidades de trabajo que disminuyan la probabilidad de contagio. Es así como la “Circular 021 de 2020” del Ministerio de Trabajo expuso una serie de medidas como el trabajo en casa, teletrabajo, jornada laboral flexible, permisos remunerados, salario sin prestación del servicio y uso de vacaciones, para proteger el empleo y la actividad productiva. Esta misma entidad, indicó que: “los empleadores no cuentan con permiso para despedir o suspender contratos en el marco de la emergencia social y que, por el contrario, de forma preferente, se realizaría fiscalización laboral rigurosa a las empresas que, pudiendo, no adopten las medidas menos graves para el trabajador”.
Así, mientras la autoridad administrativa visibiliza medidas menos graves, el Presidente sancionó el Decreto 488 bajo el cual es posible realizar el retiro de las cesantías para los trabajadores que hayan visto disminuido su ingreso mensual, beneficios al cesante por parte de las Cajas de Compensación Familiar, modificación en el aviso de disfrute de vacaciones, entre otros. Dicha normativa impone una carga que favorece a la parte débil de la relación laboral. Las cesantías, como son ahorro de cada trabajador para fines específicos, no tienen como propósito que el trabajador asuma el riesgo del empleador o la responsabilidad del Estado frente una crisis sanitaria. Igual ocurre con las vacaciones de los trabajadores, un periodo anual muy limitado, que hoy ha sido puesto al servicio del confinamiento y no del descanso remunerado y de libre disposición de cada trabajador. Hoy la realidad de la mayoría de los trabajadores con vínculo formal presenta dos grandes amenazas: la coacción para firmar licencias no remuneradas y la suspensión de sus contratos de trabajo. El Ministerio de Trabajo, a través del Circular 027, manifestó que esa coacción estaba prohibida pues traslada la carga al trabajador al vulnerar su salario y su descanso. Aun así, muchos trabajadores bajo miedo generado por sus empleadores, se ven obligados día a día a firmar estos documentos bajo la amenaza de quedarse sin empleo.
No obstante, la suspensión de contratos por caso fortuito o fuerza mayor, se encuentra establecida en el artículo 51 del Código Sustantivo de trabajo. Pero esta causal que solo requiere de aviso al inspector de trabajo en condiciones normales, está siendo utilizada por parte de los empleadores de forma inadecuada, bajo el pretexto de la pandemia, como caso fortuito y fuerza mayor. Ya que este aislamiento preventivo va de manera obligatoria para todos los nacionales, ya que busca proteger el derecho fundamental a la vida, por lo tanto este se convierte en una excepción del artículo 51 del código sustantivo del trabajo. Por lo cual nos falta decir que solo el juez ordinario, en proceso posterior, y sin inmediatez a esta crisis social podrá entrar a revisar si en efecto se conformaron estas causales, toda vez que no son una circunstancia de carácter general y abstracto. Por el contrario, según la sentencia de la “Corte Suprema de Justicia SL 16595 de 2001, será necesario precisar si frente al hecho que se alega como fuerza mayor o caso fortuito, el empleador actuó con diligencia y cuidado para evitar las consecuencias o si pudo adoptar otras medidas antes de considerar la suspensión de contratos de trabajo como la reubicación temporal del trabajador en otra plaza”.
En caso de que la suspensión de los contratos se entienda como una repercusión económica de la pandemia, cada trabajador debería tener derecho a recibir subsidios que compensen la pérdida de ingresos, así como servicios de formación profesional para su reintegro al mercado laboral una vez se supere la emergencia sanitaria. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha hecho un llamado a los gobiernos y los empresarios en ese sentido, pues a los empleadores les asiste, de conformidad con el artículo 333 de la Constitución Política, una función social que implica solidaridad y responsabilidad con el bienestar de sus trabajadores. Por ello, el llamado no puede limitarse a mantener el puesto de trabajo a través de la estimulación de la economía, sino que debe ser extensiva a los derechos del trabajador que en la actualidad ocupa el cargo. Ahora bien, hemos hablado de las personas que ya tienen un empleo dependiente, es decir, los asalariados, pero surge la siguiente pregunta: ¿Qué pasa con aquellas personas que viven del día a día? El decreto 488 del 2020, no se olvidó de las personas trabajadoras que dependen de un ingreso diario, por eso dentro de este se establece un subsidio de emergencia, siendo este una medida extraordinaria de protección al cesante, que busca disminuir los impactos negativos del desempleo a los cesantes y su familia, que es de carácter transitorio, mientras dura la emergencia económica.
El subsidio de emergencia consiste en el pago de 2 SMMLV durante tres meses, el pago de seguridad social sobre un (1) SMMLV y el pago de cuota monetaria por seis (6) meses en los términos de la Ley. Este va dirigido a trabajadores cesantes, ya se dependientes o independientes, que al momento de la terminación de sus contratos hayan estado afiliados a categorías A y B y que hayan realizado aportes durante 12 meses, de manera continua o discontinua, durante los últimos 5 años. En conclusión, el estado ha adoptado las medidas contingentes suficientes para ayudar a la clase trabajadora, sobre todo a aquella catalogada como la parte débil dentro de la relación laboral, siendo estos los más vulnerables dentro de la crisis que se están viviendo en la actualidad en nuestro territorio nacional. Pero aun así, existe la clase trabajadora informal, aquella que ocupa 42% de la población Colombiana, esas persona que no cumple con los requisitos para cotizar, el estado de alguna forma los ha olvidado, por lo tanto se puede concluir que el COVID-19 ha demostrado que nuestro país no se encuentra preparado para una situación como esta, la PANDEMIA del COVID-19