PROTOCOLO DE ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO DEL CONSULTORIO JURÍDICO DE LA UNIVERSIDAD DE SANTANDER

INTRODUCCIÓN

              Dentro del proceso de diseño y elaboración del protocolo de atención a las víctimas de violencia de género (VVG) de la Universidad de Santander, es fundamental destacar la importancia que constituye este libelo, teniendo una visión enmarcada a la implementación de protección con enfoque integral, donde se reitera la relevancia de llevar a cabo la atención a través de servicios de justicia que cumplan plenamente las necesidades de las víctimas de violencia de género, dando una alternativa práctica, y segura a sus reclamos de modo que sus derechos sean realmente garantizados.

Este Protocolo, desde el enfoque universitario, es decir, desde esa labor educativa y formativa, presenta un acceso de atención a las VVG, en condiciones igualitarias frente a los lineamientos protocolarios desde la recepción de la solicitud hasta la culminación de esta, ofreciendo un conjunto de pautas que promuevan la incorporación de un enfoque de género en las actuaciones futuras, garantizando la recepción de sus necesidades particulares desde el primer contacto que se tiene al ingresar al Consultorio Jurídico, promoviendo de esta manera la garantía de los derechos humanos, y  a un trato digno, derechos que por demás preocupan a la hora de ser atendidas estas víctimas.

Por lo anterior, se pretende promover una atención ajustada a estándares de una atención inclusiva, donde no se avizoren perjuicios por motivo entre otras cosas, a sexo, identidad de género, y orientación sexual; lo que conlleva a la aplicación de un enfoque diferencial en la atención, que permita superar las barreras estructurales, conceptuales y actitudinales que impiden a determinadas personas el acceso pleno a sus derechos.

  1. OBJETIVO

Este protocolo pretende contribuir a mejorar las condiciones de acceso a las VVG en estado de vulnerabilidad, víctimas de violencia al sistema de justicia nacional, ejerciendo la defensa de los derechos garantizados por la Constitución Política de la República mediante un acompañamiento y asesoría técnico-legal especializada, gratuita y multidisciplinaria, que atienda el carácter multiétnico, pluricultural y multilingüe; promoviendo así la garantía al pleno respeto por estas víctimas.

En cumplimiento de lo precedente se generan mecanismos de atención en las áreas complementarias del derecho que permitan brindar asistencia y proporcionar una respuesta institucional integral con alternativas especializadas de atención a la problemática de las víctimas de violencia de género. Por tanto, el consultorio jurídico de la Universidad de Santander UDES, en la continua búsqueda de mayores esfuerzos genera una adecuada gestión del conocimiento para sus asesores, el cual les permitirá identificar el problema y sus determinantes sociales, al mismo tiempo que se debe reunir suficiente información para orientar al usuario a la acción pública necesaria y relacionada con la planeación de intervenciones de prevención, detección y atención.

  • ALCANCE DEL PROTOCOLO

Este protocolo institucional, presenta un marco de referencia para el procedimiento que deben llevar a cabo el personal de Consultorio Jurídico de la Universidad UDES, para los casos de violencia de género, a partir de elementos conceptuales y herramientas prácticas para su abordaje. A su vez, comparte contenidos útiles como marco legal actualizado, referencias jurisprudenciales, definiciones esenciales, y flujogramas de los procesos de atención.

3.       MARCO TEÓRICO

 

a.       Violencia de Género

El Sistema Integrado de Información sobre Violencias de Género (2016) define la violencia de violencia de género como “cualquier acción o conducta, que se desarrolle a partir de las relaciones de ​poder asimétricas basadas en el género, que sobrevaloran lo relacionado con lo masculino y subvaloran lo relacionado con lo femenino”. Este tipo de violencia se ha tornado un problema de salud pública a causa del impacto considerable que tiene sobre la salud física, mental y emocional de las víctimas; consecuencias que se pueden prevenir. Es así como se presenta en contextos particulares tal es el caso del conflicto armado donde se presenta en mayor grado por el valor de premio o trofeo que se le da a la mujer en la guerra; de igual forma las lideresas son víctimas de amenazas por su labor en la comunidad (SIVIGE, 2016).

Acerca de género UNICEF (2017) señala que es una construcción sociocultural aprendida que cambian a través del tiempo y son diferentes dependiendo de la cultura y sociedad en la que se encuentre; dividiéndola en las categorías de “masculino” y “femenino”, que tienen en cuenta los roles, valoraciones y las relaciones de poder. Conocer la violencia de género permite prevenir y atender a las víctimas para que cuenten con garantías de justicia y reestablecer sus derechos. Lo anterior se pude lograr a través de una atención integral y oportuna con intervenciones de calidad desde el derecho evitando la revictimización.

Colombia es uno de los países que más casos de violencia de género presenta, aunque cuenta con las herramientas jurídicas para la defensa de los derechos de la mujer (Universidad del Rosario, 2018); en consecuencia, se presenta como una realidad de la sociedad del país. De lo anterior Samuel Escobar abogado especialista en Derecho Penal de la Universidad del Rosario, manifiesta en un artículo del periódico Nova et Vetera (2018) que “Cuando detectamos que el derecho penal ha sido una herramienta de opresión hacia las mujeres, nos damos cuenta que no debe ser estático y que también puede ser una herramienta de reivindicación de los derechos de las mujeres” de lo cual se debe destacar que la prevención es la herramienta más importante.

De modo que contando con las herramientas para defender los derechos de la mujer lo que queda por hacer es cambiar la forma de pensar de la sociedad en general y de los funcionarios en particular; ya que se suele justificar y minimizar este tipo de violencia dándole pie a los agresores para que no teman al momento de ejercerla.

c.        Conceptos

Con el fin de establecer un lenguaje común y lograr mejor comprensión por parte del personal encargado de la atención de casos del Consultorio Jurídico, a continuación, se relacionan los conceptos bajo los cuales se enmarca el presente protocolo.

Violencia: se entiende por violencia el uso intencional de la fuerza física o verbal con acciones, omisiones, gestos o amenazas, en contra de uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga gran probabilidad de causar lesiones, muerte, daños físicos, psicológicos, sexuales, económicos, trastornos del desarrollo personal, privaciones sociales o de cualquier índole (Organización Mundial de la Salud , 2002).

Violencia de género: es la violencia que se basa en la superioridad de una persona sobre otra a razón de su género, valiéndose de esto para agredirle o negarle sus derechos (Ministerio de Justicia y del derecho , 2019).

Violencia contra la mujer: la ley 1257 de 2008 señala que es “cualquier acción u omisión que le cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial por su condición de mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad” (art. 2)

Violencia psicológica: el artículo 3 de la ley 1257 establece que este tipo de violencia comprende conductas amenazantes, que no necesariamente implican violencia física o verbal, o conductas como ignorar, descuidar intencionalmente, aislar a la persona, retener información, entre otras. Es la violencia destinada a poner en riesgo, dañar o disminuir la salud psicológica, la autodeterminación o el desarrollo personal mediante degradación, control, intimidación, manipulación, amenaza directa o indirecta, humillación, aislamiento o cualquier otra conducta que implique restricción en las acciones, comportamientos, creencias y decisiones de otras personas (Congreso de la República de Colombia, 2008)

Violencia sexual: la violencia sexual es un hecho que somete el cuerpo y la voluntad de una persona a comportamientos sexuales a través de la coacción, intimidación, soborno, chantaje, manipulación, amenaza y uso de la fuerza, entre otros comportamientos que limitan la voluntad de una persona. Esta incluye los siguientes tipos señalados por Martín, Torres y Rozo (2020):

  1. Conducta sexual inapropiada: son todos aquellos comportamientos leves o explícitos, de tipo sexual o sexista, que hacen sentir incómoda a una persona y son parte de la reproducción de una imagen desvalorizada de lo femenino o expresiones de género no normativas. Incluye comentarios sexistas o misóginos, burlas machistas u otros discursos de odio, insinuaciones, comentarios o preguntas no deseadas sobre la vida social o sexual de una persona, comentarios sexualizados sobre su apariencia física o forma de vestir, esparcir rumores sobre la vida íntima de una persona; gestos sexualizados con las manos o con movimientos corporales, mirar de arriba abajo, lanzar besos o lamer los labios; tocamientos fugaces (besos robados) que no constituyen acoso sexual, porque no son reiterativos ni insistentes.
  • Acoso sexual, hostigamiento o chantaje sexuales: consiste en la conducta física o verbal que se le hace a otra persona en reiteradas o no reiteradas situaciones de naturaleza sexual o sexista no deseada o rechazada, que se ejerce “valiéndose de una superioridad manifiesta o mediante relaciones de autoridad o de poder, edad, sexo, posición laboral, social, familiar o económica” o con base en cualquier otra situación ventajosa, donde “se acose, persiga, hostigue o asedie, afectando la dignidad humana.
  • Acto carnal o acto sexual abusivos con incapaz de resistir: “el que acceda carnalmente a persona en estado de inconsciencia, o que padezca trastorno mental o que esté en incapacidad de resistir” (Congreso de la República de Colombia, Ley 599, 2000, art. 210).
  • Acto sexual no consentido: actos como tocamientos o manoseos de índole sexual, sin penetración. Dependiendo de la condición de la persona victimizada, en la ley penal se tipifica como acto sexual violento, acto sexual con persona puesta en incapacidad de resistir, acto sexual con incapaz de resistir o acto sexual con menor de 14 años (Universidad Nacional de Colombia, Resolución 1215, 2017, art. 2).
  •  Abuso sexual: “acceso carnal o acto sexual con incapaz de resistir, por discapacidad física, psicológica o cognitiva” (Universidad Nacional de Colombia, Resolución 1215, 2017, art. 2).
  • Acceso carnal no consentido: penetración del pene u otro objeto por vía vaginal, anal u oral, así como la penetración de cualquier otra parte del cuerpo por vía vaginal o anal. Dependiendo de la condición de la persona victimizada, en la ley penal se tipifica como acceso carnal violento, acceso carnal en persona puesta en incapacidad de resistir, acceso carnal con incapaz de resistir o acceso carnal abusivo con menor de 14 años (Universidad Nacional de Colombia, Resolución 1215, 2017, art. 2).
  • Acoso sexual laboral: “comportamiento de tono sexual tal como contactos físicos e insinuaciones, observaciones de tipo sexual, exhibición de pornografía y exigencias sexuales, verbales o, de hecho. Este tipo de conducta puede ser humillante y puede constituir un problema de salud y de seguridad; es discriminatoria cuando la mujer tiene motivos suficientes para creer que su negativa podría causarle problemas en el trabajo, en la contratación o el ascenso inclusive, o cuando crea un medio de trabajo hostil (Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 1992)
  • Ofensa sexual: “utilización de expresiones verbales, no verbales o escritas, de índole sexual, que denigran, cosifican, intimidan y atemorizan a la persona a la cual van dirigidas. Incluye la exhibición o envío de contenido sexual a una persona, sin su consentimiento” (Universidad Nacional de Colombia, Resolución 1215, 2017, art. 2).
  1. Pornografía no consentida: “en el marco de este protocolo, hace referencia a fotografiar, filmar, grabar, producir, transmitir, exhibir o vender material pornográfico, sin el consentimiento de la persona que se exhibe en tal material” (Universidad Nacional de Colombia, Resolución 1215, 2017, art. 2).
  2. Pornografía, niños, niñas y adolescentes: “violencia consistente en fotografiar, filmar, grabar, producir, transmitir, exhibir, vender, comprar, portar o poseer material pornográfico en el que se exhiban niños, niñas o adolescentes” (Universidad Nacional de Colombia, Resolución 1215, 2017, art. 2). 

Violencia Socioeconómica: incluye acciones como quitarle a la víctima sus ganancias, no permitirle tener un ingreso separado (condición de ‘ama de casa’ forzada, trabajo no remunerado en el negocio familiar), o ejercer violencia física que la incapacita para el trabajar. Está destinada a causar pérdida, transformación, sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores o derechos económicos de la persona (Ley 1257 de 2008, art. 2).

Violencia Verbal: “comprende el menosprecio en privado o en presencia de otras personas, ridiculización, uso de malas palabras, insultos, amenazas, entre otros” (Ministerio de Justicia y del derecho , 2019).

Violencia física: es un acto que intenta provocar o provoca dolor o daño físico. Se presenta a través de diversos actos de agresión como: golpes, quemaduras, patadas, puñetazos, mordiscos, entre otros. En su forma más extrema, la violencia física lleva al feminicidio. Es la violencia destinada a poner en riesgo, dañar o disminuir la integridad corporal de una persona (Ley 1257 de 2008, art. 2).

Violencia institucional: la violencia institucional contra la mujer se da por parte de las autoridades encargadas de la ruta de atención y de materializar sus derechos, al no aplicar los enfoques de género, al desconocer sus competencias relacionadas con la protección integral de la mujer, al naturalizar las violencias e invisibilizar las violencias emocionales y al revictimizar a través de patrones de desigualdad y discriminación. Las autoridades deberán administrar justicia con perspectiva de género y garantizar el acceso a la justicia sin discriminaciones, teniendo en cuentan las medidas de protección establecidas en la Ley 1257 de 2008.

Violencia intrafamiliar: La Ley 294 de 1996 y la Ley 575 de 2000 determinaron que este tipo de violencia se configura cuando una persona, dentro de su contexto familiar, es víctima de daño físico o psíquico, amenaza, agravio, ofensa o cualquier otra forma de agresión por parte de otro miembro del grupo familiar.

Para efectos de la Ley 294 de 1996, integran la familia:

  1. El padre y la madre de familia, aunque no convivan en el mismo hogar.
  2. Cónyuges o compañeros permanentes. Esta expresión también se aplica a los integrantes de las parejas del mismo sexo.
  3. El padre y la madre de familia, aunque no convivan en un mismo hogar.
  4. Los ascendientes o descendientes de los anteriores y los hijos adoptivos.
  5. Todas las demás personas que de manera permanente se hallaren integrados a la unidad doméstica.

Además, la Corte Constitucional señala que la familia se “caracteriza por la unidad de vida o de destino que liga íntimamente a sus integrantes” (Sentencia T-070, 2015). De acuerdo con esto el concepto de familia está en constante cambio tal es así que la Ley 1959 de 2019 modificó el artículo 229 de la Ley 599 del año 2000 en relación con la violencia intrafamiliar así:

  1. Los cónyuges o compañeros permanentes, aunque se hubieren separado o divorciado.
  2. El padre y la madre de familia, aun cuando no convivan en el mismo hogar, si el maltrato se dirige contra el otro progenitor.
  3. Quien, no siendo miembro del núcleo familiar, sea encargado del cuidado de uno o varios miembros de una familia en su domicilio, residencia o cualquier lugar en el que se realice la conducta.

Género: hace referencia a “los roles, comportamientos, actividades y atributos que una sociedad determinada considera apropiados para hombres y mujeres; estos son construidas socialmente y aprendidos a través del proceso de socialización” (Ministerio de Justicia y del derecho , 2019). Dependiendo del contexto y la época, se determina cuáles son las expectativas, qué se consiente y qué se estima en una mujer o en un hombre.

Identidad de género: es la experiencia y sentir interno e individual del género que “cada persona siente profundamente, la cual puede o no corresponder con el sexo asignado al nacer” (Comisión de Asuntos Jurídicos, 2012). Puede hacer referencia o no al cambio o modificación en el cuerpo en cuanto a sus funciones o apariencia. 

Expresión de género: Se refiere a “la manifestación externa de los rasgos culturales que permiten identificar a una persona como masculina o femenina, según los patrones considerados propios de cada género, por una determinada sociedad en un momento histórico determinado” (Comisión de Asuntos Jurídicos, 2012); estos relacionados con la vestimenta, formas de hablar y comportamientos. 

Perspectiva de género: hace referencia “al análisis de las dinámicas que existen en la sociedad frente a los roles que se desempeñan y que han sido asignados tanto a hombres como mujeres” (Ministerio de Justicia y del derecho , 2019).

Prejuicio: es la “Caracterización de una persona, usualmente negativa, conforme a estereotipos y falsas generalizaciones asociadas al grupo al que esta pertenece. Los prejuicios subyacen y motivan la discriminación” (Ministerio de Justicia y del derecho , 2019).

Orientación sexual: No depende del sexo biológico ni la identidad de género. Hace referencia a la atracción emocional, afectiva y sexual que puede sentir una persona por otra de “un género diferente al suyo, de su mismo género, o de más de un género, así como su deseo de mantener relaciones íntimas y sexuales con estas personas” (Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, 2016).

Orientaciones sexuales e identidades de género diversas: este enunciado hace referencia a los ejercicios de sexualidad y expresiones identitarias que no corresponden con el estándar cultural heterosexual asignado a las relaciones de hombres y mujeres. Por ejemplo, las identidades trans que desafían las normas tradicionales del género (Ministerio de Justicia y del derecho, 2020).

Sexo: se refiere a las características fisiológicas que permiten clasificar a las personas como macho o hembra al nacer (Comisión de Asuntos Jurídicos, 2012). Esto con relación a las características genéticas, hormonales, anatómicas y fisiológicas.

Asexual: hace referencia a “las personas que no sienten atracción sexual por otras personas, aunque pueden tener relaciones afectivas, físicas y emocionales sin incluir el sexo” (Ministerio de Justicia y del derecho, 2020).

Bisexual: hace referencia a “personas que sienten atracción por personas del mismo género y de uno diferente al suyo” (Comisión de Asuntos Jurídicos, 2012).

Heterosexual: esta denominación hace referencia a “la atracción que tiene una persona por personas de un género diferente al suyo” (Comisión de Asuntos Jurídicos, 2012).

Homosexual: esta denominación hace referencia a “la atracción que tiene una persona por personas del mismo género (lesbiana: homosexualidad femenina / gay: homosexualidad masculina o femenina)” (Comisión de Asuntos Jurídicos, 2012).

Intersexual: hace referencia a “las situaciones en las que la anatomía sexual de la persona no se ajusta físicamente a los estándares culturalmente definidos para el cuerpo femenino o masculino” (Ministerio de Justicia y del derecho, 2020).

 Pansexual: “Se refiere a la atracción que tiene una persona por otras de su mismo género, de género diferente o con identidad de género diversa” (Ministerio de Justicia y del derecho, 2020) .

Persona cisgénero: toda persona que “se identifica con su sexo asignado al nacer y que a su vez se identifica con el género socioculturalmente asignado a este sexo. Es decir, una persona que acepta la correspondencia normativa entre su sexo y género” (Ministerio de Justicia y del derecho, 2020).

Persona trans: hace referencia a las personas a la cual su “sexo asignado al nacer no corresponde a la identidad de género que tradicionalmente se ha asignado a este. Las personas trans construyen su identidad de género independientemente de tratamientos médicos o intervenciones quirúrgicas” (Comisión de Asuntos Jurídicos, 2012).

Transexual: son aquellas personas que “se sienten y se conciben a sí mismas como pertenecientes al género opuesto al que social y culturalmente le ha sido asignado a su sexo biológico” (Ministerio de Justicia y del derecho , 2019). Eligen realizarse intervenciones para cambiar su apariencia acorde a lo que sienten.

Transformista: hace referencia a las personas que “representan al sexo opuesto de manera ocasional, para espectáculos” (Comisión de Asuntos Jurídicos, 2012).

Travesti: hace referencia a la persona que “expresa una identidad de género, de manera permanente o transitoria, mediante la utilización de prendas de vestir y actitudes o comportamientos propios del género opuesto a su sexo asignado al nacer. Esto puede implicar la modificación o no del cuerpo” (Ministerio de Justicia y del derecho , 2019).

Acción sin daño: Busca que las políticas, proyectos, planes y programas institucionales se desarrollen sin causar daños o impacto negativo a las personas usuarias. (Ministerio de Justicia y del derecho , 2019).

Daño o sufrimiento físico: Se define como el riesgo o disminución de la integridad corporal de una persona (Congreso de la República de Colombia, Ley 1257, 2008, art. 3)

Daño o sufrimiento sexual: Definido por la ley como aquellas “consecuencias que provienen de la acción consistente en obligar a una persona a mantener contacto sexualizado, físico o verbal” (Congreso de la República de Colombia, Ley 1257, 2008, art. 3). Incluye obligar a ser participe en otro tipo de interacciones sexuales a través del uso de la fuerza, intimidación, coerción, chantaje, o cualquier otro mecanismo que anule o limite la voluntad personal.

Daño patrimonial: es definido como “la pérdida, transformación, sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores, derechos o económicos destinados a satisfacer las necesidades de la mujer y las demás de especial protección” (Congreso de la República de Colombia, Ley 1257, 2008, art. 3).

Daño psicológico: es la consecuencia derivada de “la acción u omisión destinada a degradar o controlar las acciones, comportamientos, creencias y decisiones de otras personas por medio de intimidación, manipulación, amenaza, humillación, aislamiento o cualquier otra conducta” (Congreso de la República de Colombia, Ley 1257, 2008, art. 3), que involucre un deterioro en la salud psicológica, la autodeterminación o el desarrollo personal.

Estereotipos: Creencias o convicciones generalizadas sobre características, funciones o atributos específicos personales o roles que cumplen o deben cumplir los miembros de determinado grupo. (Ministerio de Justicia y del derecho, 2020).

Estereotipo sexista: Confiere mayor jerarquía y valor a un sexo que a otro. (Ministerio de Justicia y del derecho , 2019).

Feminicidio: Se entiende por feminicidio “la muerte de una mujer por ser mujer o por su identidad de género (mujer trans)” (Ministerio de Justicia y del derecho , 2019). Esto sucede cuando existe el odio de la mujer y cuando la violencia es usada para ejercer control sobre la mujer.

Discriminación: se entiendo como la “distinción, exclusión o restricción basada en el sexo, género, identidad y expresión de género, orientación sexual o condición de discapacidad de las personas, entre otras” (Ministerio de Justicia y del derecho , 2019), que tenga como consecuencia anular o afectar el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales en cualquiera de los ámbitos de la vida de la víctima.

Interseccionalidad: de esta forma se puede entrever las particularidades de la discriminación que “sufren grupos que históricamente han sido discriminados por más de uno de los motivos establecidos en tratados de derechos humanos (sexo, género, etnicidad, condición económica y discapacidad, entre otros)” (Ministerio de Justicia y del derecho , 2019). Es necesario realizar acciones para combatir la discriminación ya que de ser concurrente puede afectar a las personas.

Atención incluyente: es el “trato digno y respetuoso que debe brindarse en la prestación de un servicio público o privado a todas las personas, sin aplicación de prejuicios negativos por motivo de sexo, raza, etnia, identidad de género, orientación sexual, discapacidad” (Ministerio de Justicia y del derecho , 2019).

Persona victimizada: Es la persona que “recibe la agresión física, psicológica, sexual o de otra índole, cuyos actos resulten ser generadores de un daño a su integridad, dignidad y de un menoscabo a sus derechos” (Martín, et al., 2020).

Persona presunta agresora o persona investigada: Es la persona que “presuntamente genera o generó el hecho de violencia o de quien se sospecha que cometió tal conducta en contra de otra persona o grupo de personas, en menoscabo de sus derechos, afectando su dignidad y ocasionando un daño a su integridad” (Martín, et al., 2020).

Consultorio Jurídico – UDES (CJUSCV): En el Consultorio Jurídico de la Universidad de Santander, Campus Valledupar, se trabaja con la finalidad de prestar un servicio social gratuito, dirigido a personas de escasos recursos económicos (estratos 1 y 2), en asesoría y trámite de procesos, brindando atención a los usuarios en las diferentes áreas del derecho, y en este caso, a aquellas que sean o hayan sido víctimas de violencia de género, para que cuenten con servicios jurídicos de calidad, contribuyendo así mediante soluciones jurídicas, al bienestar de estas personas, buscando salvaguardar su integridad y la protección de sus derechos.

4.       MARCO NORMATIVO

El marco normativo, que reviste la violencia de género, se expresa y origina en el ámbito internacional y nacional, los cuales anotan su aplicación y el fundamento de derecho a favor de las víctimas y sus familiares, demarcado las garantías pertinentes. A continuación, se expone las pautas normativas, dadas las referencias:

  •  Fundamento Normativo Internacional

Los acuerdos internacionales en los cuales el Estado colombiano ha hecho parte, son soportados en la Constitución Política de Colombia en su artículo 93, cuando indica que “los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno”, bloque de constitucionalidad extendido también a los aspectos de interpretación al mencionarse que “ los derechos y deberes  consagrados en esta Carta, se interpretaran  de conformidad con lo tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia”.

Así las cosas, los referentes más trascendentales en materia de derecho internacional, corresponde a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada y proclamada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el 10 de diciembre de 1948, documento guía para todas las naciones, y por tanto, es la base fundamental para las normas internacionales en materia de derechos humanos; por medio de esta declaración, se establecen: principios generales, tal como se detallan en los artículos 1 y 2. Del mismo modo, se establecen los derechos civiles y políticos, señalados en los artículos 3 al 21, en donde a su vez es posible evidenciar las normas que amparan: la defensa de las libertades, las garantías jurídicas y los derechos políticos. Y finalmente, para efectos de desarrollar una visión general de los principales enmarcados en la norma estudiada, es necesario indicar que en los artículos 16, 26 y 27, se enuncian los derechos políticos. (Organización de las Naciones Unidas, 1948)

Por su parte, en el numeral 2, del artículo 5 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el cual, se ha adoptado y ratificado por la Organización de las Naciones Unidas, el 16 de diciembre de 1.966;  en el preámbulo de dicho documento, se establece la importancia a cada persona de gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales, para poder realizar el ideal del ser humano libre y liberado de todo temor, y en el que se hace hincapié a la protección de los derechos humanos fundamentales, contra toda forma de restricción o menoscabo (Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, resolución 2200 A (XXI), 1966).

A más de lo precedente, se adoptó el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, aprobado en Colombia mediante la Ley 74 de 1968, el cual hace referencia a la relevancia del derecho a la igualdad de conciencia, libertad de opinión y libertad de expresión para todas las personas. Este pacto es por demás, un instrumento de observancia normativa, en la cual, se prohíben la privación de la vida, la segregación y toda forma de rechazo por razones de raza, y religión; así mismo, consagra la inviolabilidad de los derechos a la vida privada, a la familia, al domicilio o correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación, consagrando la protección de estos derechos en todas sus formas. Por tanto, se convierte en un referente de gran relevancia en materia de principios de aplicación y regulación de las normas a nivel interno (Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, resolución 2200 A (XXI), 1966).

Ahora bien,  es importante destacar que teniendo en cuenta las disposiciones generales dilucidadas con anterioridad, en adelante se aborda el tema más específico de lo que trata el presente protocolo, así, la Organización de las Naciones Unidas, en favor de los derechos de la mujer, ha establecido el protocolo facultativo de la convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, adoptada el 06 de octubre por la Asamblea General del mismo organismo ( Asamblea General de las Naciones Unidas , 1996).

Esta misma organización ha publicado una declaración sobre orientación sexual e identidad de género, ya que, desde antaño se constituía en una necesidad para la comunidad LGBTI, aun cuando fuere promovida por un número considerable de naciones, algunos de éstos aún no se encontraban preparados para asumirla, como el caso de países musulmanes, quienes incluso, promovieron una declaración contraria a esta. En esta declaración se condena toda forma de discriminación, violencia, acoso o segregación basado en la orientación sexual y la identidad de género (Asamblea General de las Naciones Unidas , 2008)

Aunado a lo anterior, se tiene presente los referentes normativos en materia de tratados y convenios internacionales, respecto a la Organización de los Estados Americanos OEA, con el propósito de examinar la normatividad en la materia.

Luego entonces, la Convención Americana de Derechos Humanos, conocido también como el Pacto de San José libertad personal y justicia social, es un instrumento de gran valía, ya que establece el compromiso de los estados miembros, en el respeto hacia los derechos de las personas, los derechos civiles y políticos, así como, los derechos económicos, sociales y culturales, en el cual, se enmarcan las garantías plenas para el ejercicio de las libertades de las personas (Organización de los Estados Americanos , 1969).

Así, en el año 2008, la Organización de los Estados Americanos (OEA), adoptó en Asamblea General, por primera vez en su historia, la resolución dedicada a los derechos humanos, orientación sexual e identidad de género, como una forma de contrarrestar en cada uno de los estados miembros todo tipo de violencia, así como la violación en materia de derechos en contra de individuos, por causa de su orientación e identidad de género (Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos , 2008).

En concordancia con lo anterior, un documento de importancia significativa, se encuentra promovido por la Organización de los Estados Americanos OEA, que suscribió la convención interamericana para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer Convención de Belém Do Pará. Esta convención fue adoptada en Belém Do Pará en Brasil, en junio 9 de 1994, entro en vigor en marzo 5 de 1995 y en Colombia el día 15 de diciembre de 1996, en virtud de la Ley 248 de 1995.

Los fundamentos enmarcados en la Constitución Política de 1991 inician con base en el respeto por la dignidad humana, los cuales son el principio y valor supremo del ordenamiento jurídico constitucional y sus correspondientes mecanismos de garantía para todos los ciudadanos sin ninguna clase de condicionamiento, y de esta manera se entienda claramente que están excluidas toda diferencia de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica y, por lo tanto, soporta la base de los derechos y principios constitucionales.

Referente al respeto a la vida y a la integridad física son derechos fundamentales que también se encuentran expresados y consagrados en los artículos 11 y 12. Y siguiendo con el orden plasmado en la Constitución nos encontramos el derecho a la Familia en su artículo 42 que señala, entre otros aspectos, que (i) la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, (ii) el Estado y la sociedad deben garantizar la protección integral de la familia, (iii) las relaciones familiares se basan en la igualdad de derechos y deberes de la pareja, y en el respeto recíproco entre todos los integrantes, y (iv) cualquier forma de violencia en la familia se considera destructiva de su armonía y unidad, por lo tanto, debe ser sancionada de conformidad con la ley (Constitución Política de la República de Colombia , 1991).

Finalmente, el artículo 43, consagra que la mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades y que por lo tanto la mujer no puede ser sometida a ninguna clase de discriminación (Constitución Política de la República de Colombia , 1991). El núcleo fundamental de la política de prevención y protección a las víctimas de violencia intrafamiliar se encuentra desarrollado principalmente en las leyes 294 de 2006, 575 de 2000 y 1257 de 2008, que integran el núcleo fundamental de la política de prevención y protección a las víctimas de violencia intrafamiliar.

Los desarrollos legales más significativos dirigidos a la protección contra la violencia de género, en orden cronológico se muestran en la Tabla 1. Tales desarrollos sumados a los instrumentos jurídicos internacionales ratificados por Colombia constituyen un marco normativo que observa las normas sobre igualdad de género, discriminación, violencias y derechos de las mujeres.

Tabla 1

Referentes Legales

REFERENTEDISPOSICIONES PRINCIPALES
Ley 82 de 1993Se expiden normas para apoyar de manera especial a la mujer cabeza de familia. Concepto de familia y su protección especial.
Ley 294 de 1996 modificada parcialmente por la Ley 575 de 2000Desarrolla el artículo 42 de la Constitución Política y dicta normas para prevenir, remediar y sancionar la violencia intrafamiliar. Concepto de familia y sus integrantes. Señala los principios para su interpretación. Política de protección a la Familia.
Ley 599 de 2000, modificada parcialmente por la Ley 1142 de 2007Código Penal Colombiano, en sus artículos 229, 230 y 230 tipificó los delitos de Violencia Intrafamiliar, maltrato mediante restricción de libertad física y ejercicio arbitrario de la custodia de hijo menor de edad.
Decreto 652 de 2001Por el cual se reglamenta la Ley 294 de 1996 reformada parcialmente por la Ley 575 de 2000. Decisiones, deberes, intervención del Defensor de familia y del Ministerio Público. Informalidad de la petición de medida de protección, término para presentar, la petición de medidas de protección, corrección de la petición y deber de información, término y trámite de la audiencia e inasistencia de las partes, criterios para adelantar la conciliación y medidas de protección, prueba pericial, arresto, cumplimiento de las medidas de protección, sanciones por incumplimiento y trámite de apelación.
Ley 823 de 2003Por la cual se dictan normas sobre igualdad de oportunidades para las mujeres en los ámbitos público y privado.
Ley 906 de 2004 modificada parcialmente por la Ley 1142 de 2007Por el cual se expide el Código de Procedimiento Penal. Derechos de las víctimas. Competencia de los jueces penales municipales.  
REFERENTEDISPOSICIONES PRINCIPALES
Ley 882 de 2004  Por medio de la cual se modifica el artículo 229 de la Ley 599 de2000. Delito de Violencia intrafamiliar.
Ley 1098 de 2006Por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia. Protección integral y perspectiva de género. Misión de las Comisarías de Familia: prevenir, garantizar, restablecer y reparar los derechos de los miembros de la familia conculcados por situaciones de violencia intrafamiliar, y las demás establecidas en la citada Ley.
Decreto 4840 de 2007Por el cual se reglamentan los arts. 52, 77, 79, 82, 83, 84, 86, 87, 96, 98, 99,100, 105, 111 y 205 de la ley 1098 de 2006. Creación, competencia y funciones.
Ley 1257 de 2008Por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres, se reforman los códigos penales, de procedimiento penal, la ley 294 de 1996 y se dictan otras disposiciones. Definición de violencia contra la mujer, concepto de daño contra la mujer, principios de interpretación, derechos de las víctimas de violencia deberes de la familia y la sociedad, medidas de sensibilización y prevención, medidas de protección, medidas de atención.
Decreto 164 de 2010Crea una Comisión Intersectorial denominada «Mesa Interinstitucional para Erradicar la Violencia contra las Mujeres»
Ley 1482 de 2011Por medio de la cual se modifica el Código Penal y se establecen otras disposiciones. Su objeto sancionar penalmente actos de discriminación por razones de raza, etnia, religión, nacionalidad, ideología política o filosófica, sexo u orientación sexual, discapacidad y demás razones de discriminación.
REFERENTEDISPOSICIONES PRINCIPALES
Decreto 4463 de 2011Reglamenta el artículo 12 de la Ley 1257 de 2008. Define acciones para promover el reconocimiento social y económico del trabajo de las mujeres, implementa mecanismos para hacer efectivo el derecho a la igualdad salarial y desarrollar campañas de erradicación de todo acto de discriminación y violencia contra las mujeres en el ámbito laboral.
Decreto 4796 de 2011Reglamenta parcialmente los artículos 8, 9, 13 y 19 de la Ley 1257 de 2008. Medidas de atención en salud. Definiciones de medidas de atención y situación especial de riesgo, guías, protocolos y plan decenal de salud pública
Decreto 4798 de 2011Reglamenta parcialmente la Ley 1257 de 2008. Se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres, se reforman los Códigos Penal, de Procedimiento Penal, la Ley 294 de 1996 y se dictan otras disposiciones.
Decreto 4799 de 2011Se reglamentan parcialmente las Leyes 294 de 1996, 575 de 2000 y 1257 de 2008. Competencias de las Comisarías de Familia, la Fiscalía General de la Nación, los Juzgados Civiles y los Jueces de Control de Garantías. Imposición de las medidas de protección. Derecho de las mujeres a no ser confrontadas con el agresor, incumplimiento de las medidas de protección por parte del agresor, notificaciones, medidas de protección y conciliación. Definición de lineamientos técnicos por parte del Ministerio de Justicia y del Derecho.
REFERENTEDISPOSICIONES PRINCIPALES
Ley 1542 DE 2012Se reforma el artículo 74 de la Ley 906 de 2004, Código de Procedimiento Penal. Se suprime del numeral 2, del artículo 74 de la Ley 906 del 2004, modificado por el artículo 108 de la Ley 1453 de 2011, las expresiones: violencia intrafamiliar (C. P. artículo 229); e inasistencia alimentaria (C. P. artículo 233).  En consecuencia, la pena privativa de la libertad por la comisión del delito de violencia intrafamiliar será la vigente de cuatro (4) a ocho (8) años con los aumentos previstos en el artículo 33 de la Ley 1142 de 2007, que modificó el artículo 229 de la Ley 599 de 2000, Código Penal. Se adiciona al artículo 74 de la Ley 906 de 2004, el siguiente parágrafo: En todos los casos en que se tenga conocimiento de la comisión de conductas relacionadas con presuntos delitos de violencia contra la mujer, las autoridades judiciales investigarán de oficio, en cumplimiento de la obligación de actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra las mujeres consagrada en el artículo 7° literal b) de la Convención de Belém do Pará, ratificada por el Estado colombiano mediante la Ley 248 de 1995. Se adiciona un inciso al numeral 4 del artículo 38 A de la Ley 599 del 2000, del siguiente tenor: Para la verificación del cumplimiento de este presupuesto, en los delitos de violencia intrafamiliar, la decisión del juez de ejecución de penas y medidas de seguridad deberá ser precedida de un concepto técnico favorable de un equipo interdisciplinario de medicina legal.
Decreto 2733 de 2012Se reglamenta el artículo 23 de la Ley 1257 de 2008. Requisitos para la procedencia de la deducción.
REFERENTEDISPOSICIONES PRINCIPALES
Decreto 2734 de 2012Se reglamentan las medidas de atención a las mujeres víctimas de violencia. Criterios, condiciones y procedimiento para el otorgamiento de las medidas de atención definidas en el artículo 19 de la Ley 1257 de 2008.
Resolución No. 459 de 2012Se adopta el protocolo y modelo de atención integral en salud para víctimas de violencia sexual.
Ley 1639 de 2013Se fortalecen las medidas de protección a la integridad de las víctimas de crímenes con ácido y se adiciona el artículo 113 de la Ley 599 de 2000.
Decreto 1930 de 2013Adopta la política pública nacional de equidad de género y se crea la comisión intersectorial.
Resolución no. 163 de 2013Por la cual se establecen los lineamientos técnicos en materia de competencias, procedimientos y acciones relacionadas con las funciones de la atención a las víctimas de la violencia basada en género, por parte de las Comisarías de Familia y otras autoridades administrativas con funciones jurisdiccionales.
Resolución no. 1895 de 2013Por la cual se asignan recursos para la financiación de las medidas de atención a las mujeres víctimas de violencia, de que tratan los literales a) y b) del artículo 19 de la Ley 1257 de 2008, para la vigencia fiscal 2013.      
REFERENTEDISPOSICIONES PRINCIPALES
Ley 1719 de 2014Por la cual se modifican algunos artículos de las leyes 599 de 2000, 906 de 2004 y se adoptan medidas para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas de violencia sexual, en especial la violencia sexual con ocasión del conflicto armado, y se dictan otras disposiciones. Capítulo V: atención en salud. Capítulo VII: Fortalecimiento de la política de derechos sexuales y reproductivos, salud sexual y reproductiva, equidad y violencia basada en género. Sistema unifica- do de información sobre violencia sexual. Comité de Seguimiento.
Ley 1752 de 2015Por medio de la cual se modifica la Ley 1482 de 2011, para sancionar penalmente la discriminación contra las personas con discapacidad. Esta ley tiene por objeto sancionar penalmente actos de discriminación por razones de raza, etnia, religión, nacionalidad, ideología política o filosófica, sexo u orientación sexual, discapacidad y demás razones de discriminación.
Decreto 762 de 2018Por el cual se adiciona un capítulo al título 4 a la parte 4, del libro 2, del decreto 1066 de 2015, único reglamentario del sector interior, para adoptar la política pública para la garantía del ejercicio efectivo de los derechos de las personas que hacen parte de los sectores sociales LGBTI y de personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas

Nota Tomado de la Guía pedagógica para comisarías de familia (Ministerio de Justicia y del Derecho , 2018)

 

4.4. Marco Jurisprudencial

La jurisprudencia constitucional en Colombia es considerada como una fuente formal y material de derecho para nuestro sistema jurídico, hace referencia al criterio dado sobre un problema jurídico, que fue establecido por sentencias previas, mediante la creación de lo que serían contenidos jurídicos, para futuros casos que pueden tener un parecido sustancial, de ahí procede su fuerza vinculante en las decisiones de las autoridades judiciales. 

Por lo anterior, es importante y significativo, anotar lo dicho por la Corte Constitucional al respecto, a través de la sentencia T-594 de 1993, el cual permitió por primera vez en Colombia la posibilidad de usar el nombre identidad como jurídico, es decir registrar en la cédula el nombre con relación a la identidad de género. A esto le siguió una serie de sentencias en contra de la exclusión de personas LGBTI en distintos ámbitos de la sociedad, incluyendo las fuerzas militares, cargos públicos o laborales, entre otros, que se fundamentaron en el principio de no discriminación y el derecho al libre desarrollo de la personalidad y que permitieron promover la visibilización de las personas LGBTI en la sociedad.

Para el 2007 la Corte a través de la sentencia C-075, otorgó derechos patrimoniales a las parejas homosexuales, tales como el heredar y ser afiliado al sistema general de seguridad social en el país, siendo esta sentencia la puerta a interpretaciones futuras sobre el régimen patrimonial y el reconocimiento inicial de la existencia de las parejas formadas por dos personas del mismo sexo-género.

Un año después, en la sentencia C-336, se reconoce el derecho a acceder a la pensión de sobrevivientes. Para el 2009 se concede el acceso a tierra, SOAT, subsidio de vivienda, derechos migratorios, es decir, los mismos derechos con los cuales cuentan las parejas heterosexuales, mediante Sentencia 029. Y a través de la Sentencia C-577 de 201, se declaró que las parejas homosexuales que conviven en “unión libre” tienen los mismos derechos que las parejas heterosexuales.

5.       ATENCIÓN AL INTERIOR DEL CONSULTORIO JURÍDICO DE LA UNIVERSIDAD DE SANTANDER – CAMPUS VALLEDUPAR

 

Para Consultorio Jurídico, es importante que las personas que interactúan directamente con quienes usan sus servicios conozcan detalladamente los elementos que implican ofrecer una atención inclusiva, de calidad y un trato adecuado. Adicionalmente a esto existe un compromiso institucional como colaboradores al sistema de justicia en brindar calidad en el servicio, el cual debe ser integral. Esto implica que se asegura la disposición de recursos, personas, tecnología e infraestructura para que se logre un alto grado de asertividad en cada momento de la actuación.

A continuación, se presentan algunos principios que deben aplicarse para garantizar un servicio de calidad e inclusivo:

Igualdad: brindar una atención que asegure que todas las personas tengan las mismas oportunidades y la posibilidad real y efectiva de acceder al servicio que solicitan. También participar en la toma de decisiones que les afectan y ejercer su derecho de acceso a la justicia sin ninguna limitación o restricción por motivo de su etnicidad, sexo, orientación sexual, identidad de género, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole (Ministerio de Justicia y del Derecho , 2018).

Prevalencia de la dignidad humana: en el ámbito del derecho, la dignidad humana no sólo significa superioridad de los seres humanos, siendo uno de los principales valores políticos y jurídicos, la dignidad únicamente pertenece a los individuos, en virtud de que se presenta en la persona como sujeto individual, único e irrepetible, con una naturaleza racional y, especialmente, con imperativos morales absolutos e incondicionales (Ministerio de Justicia y del Derecho , 2018).  Es por esto, que la dignidad posee un carácter absoluto, porque no permite la negociación, la dignidad de la persona supera cualquier cosa que tenga un precio, y es el valor irremplazable de un ser con el que nunca se puede negociar.

Laicidad: “la atención no debe estar influenciada por credos, religión, convicciones morales o míticas” (Ministerio de Justicia y del derecho , 2019), se debe ser neutral en materia de religión, por lo que no se ejerce apoyo ni oposición explícita o implícita a ninguna organización o confesión religiosa.

Atención diferenciada: al reconocer que las personas y grupos poblacionales además de ser titulares de derecho tienen particularidades, necesidades específicas que requieren respuestas diferenciales por parte de las instituciones, el Estado y la sociedad en general para alcanzar la dignidad humana, la atención que se brinde debe considerar la posición de vulnerabilidad en que se encuentran las personas como consecuencia de la interacción de sus identidades y del contexto en las cuales se desenvuelven, es decir, estar ubicado en zona de conflicto armado interno, residir en zonas rurales, estar en situación de desplazamiento forzado, ser un adulto mayor, ser un niño, niña o adolescente, estar privado de la libertad, ser una persona con discapacidad, tener una orientación sexual o identidad de género no normativa, entre otras (Ministerio de Justicia y del derecho , 2019).

Reconocimiento de la familia como institución básica de la sociedad: La familia debe entenderse en un contexto de pluralismo en el que no tiene cabida un concepto único y excluyente de familia. La familia se erige en relaciones basadas en la igualdad y el respeto, condiciones que demandan su protección integral desde la órbita social y estatal. No se puede excluir del concepto de familia y de su protección siguiendo criterios como el sexo de quienes la conforman, los vínculos de sangre o la forma como fue constituida (Ministerio de Justicia y del derecho , 2019).

Independencia e imparcialidad: durante la atención al usuario(a), se debe obrar libremente en cuanto a la apreciación al derecho y a la igualdad; es decir, su actuación no podrá estar sometida a ningún tipo de presión, condicionamientos, conceptos o determinaciones por parte de otros actores (Ministerio de Justicia y del derecho , 2019).  De igual forma, en la atención al usuario se deberá actuar en todo momento sin ningún tipo de influencias en relación con animosidades o amistades personales, garantizando la probidad en todas sus actuaciones.

Progresividad de los derechos fundamentales: Los derechos reconocidos legal o jurisprudencialmente como tales deberán garantizarse para todos los usuarios sin excepción, es decir, éstos no podrán desconocerse, ni disminuirse o limitarse en ninguno de los trámites y diligencias adelantadas durante la prestación del servicio. Se debe propender siempre por garantizar su ejercicio y disfrute de la manera plena e integral (Ministerio de Justicia y del derecho , 2019). Es decir, que su respeto y garantía no pueden depender de una reglamentación o condicionar su validez de conformidad con sesgos personales.

5.2.  Atención a las Víctimas

En el marco de este protocolo, cuando se tenga conocimiento dentro de Consultorio Jurídico de un hecho relacionado con víctimas de violencia de género, se podrá activar la ruta de atención comprendida en este documento, cuyo propósito es ofrecer a la persona victima una atención integral, ajustada a sus particularidades, que procure su protección y no revictimización, así como la orientación jurídica para la obtención y salvaguarda de los derechos transgredidos por la persona presunta agresora o persona investigada que resulte responsable de este tipo de situaciones.

Esta ruta deberá prestar en todo momento atención integral a la persona victimizada, en los términos que se consagran en este protocolo.  Sin embargo, se hace necesario aclarar que la información obtenida se encuentra bajo confidencialidad, pero que los datos suministrados tienen un límite en este aspecto, ya que podrán ser observados por otras instituciones encargadas de llevar el proceso legal judicial que se adelante o aquellos que intervengan en las medidas de protección que se puedan derivar de la decisión por parte del usuario víctima. De igual manera, se mantendrá una comunicación constante con esta persona sobre el avance de su caso y de las medidas que le son aplicables a su situación.

5.3.  Etapas del Servicio

5.3.1.       Etapa Previa al Servicio

Esta primera etapa nos muestra la formación al interior de las instalaciones del Consultorio Jurídico de la Universidad de Santander, para brindar una mejor atención a las mujeres y población LGBTI víctimas de violencia de género. Así mismo, para garantizar el establecer las condiciones óptimas para el desarrollo de esta etapa de preparación, se consideran los siguientes aspectos:

  • Identificación y Eliminación de Barreras. La atención a las mujeres y personas LGBTI, deben estar orientada a realizar todos los esfuerzos necesarios, de tal forma que se logre la superación de las barreras que tienen para acceder a los servicios que brinda el Consultorio Jurídico de la Universidad de Santander. Entre ellas se pueden encontrar las siguientes:
  • Miedo a represalias.
  • Falta de confianza y credibilidad en el sistema.
  • Temor a ser estigmatizadas, rechazadas socialmente o abandonadas, al exigir sus derechos ante las autoridades.
  • Insuficiente privacidad para exponer asuntos que requieren la intervención de la justicia.
  • Temor a afectar a los hijos e hijas.
  • Desconocimiento de derechos y rutas para acceder a la justicia
  • Falta de acceso a un asesoramiento de calidad y competente en cuestiones de género. Percepción de ser causantes de la violencia en su contra.
  • Sentimiento de lealtad generada por la filiación o relación de pareja, a pesar de la ocurrencia de hechos victimizantes.
  • Vergüenza por expresar situaciones de victimización en su contra.
  • Labores de cuidado o del hogar que les impiden desplazarse hasta las instalaciones del Consultorio Jurídico de Universidad de Santander.
  • Horarios de los servicios de justicia no coincidentes con aquellos en los que usualmente suceden la mayoría de los hechos victimizantes por razones de género, o con aquellos que pueden ser utilizados por las mujeres para acudir a la justicia.
  • Temor a que no se le crea, a enfrentar a la contraparte o a no tener suficientes pruebas que respalden su palabra.
  • Espacios con Enfoque de Género. Dentro de las instalaciones del Consultorio jurídico se dispondrá de la infraestructura necesaria, tales como: salas de espera acogedoras, espacios en donde no tenga que estar en contacto con su agresor y condiciones amigables para los hijos y/o hijas menores de edad que las acompañan, de manera que la persona usuaria se sienta segura, cómoda y cuente con espacios privados para relatar los hechos.
  • Accesibilidad a la Comunicación. Teniendo en cuenta que existe diversidad cultural, y que, por consiguiente, algunas etnias o parte de su población, no hablan español, y que se pueden presentar personas con discapacidad sensorial, se contará con un traductor o con intérprete en lengua de señas colombiana, respectivamente.
  • Accesibilidad a la Información. Considerando las condiciones de formación, alfabetismo, discapacidad, entre otros, se debe facilitar la comprensión y la transmisión de la información que se da a los usuarios del Consultorio Jurídico de la Universidad de Santander. Toda información virtual, telefónica, escrita o verbal debe ser transmitida con un lenguaje claro y sencillo. La comunicación escrita debe ser de lectura fácil, usando terminología no técnica, usando criterios de sencillez y universalidad en su redacción y presentación.
  • Divulgación. En el Consultorio Jurídico se dispone en un lugar visible y gráficamente agradable, en donde de forma sencilla se describen los derechos y los deberes de las mujeres y de las personas LGBTI en el marco del servicio ofertado.
  • Identificación de la Violencia. Los formatos y demás opciones para solicitar el servicio son adecuados, de manera que tienen la posibilidad de identificar si entre la persona usuaria y la otra parte hay antecedentes de violencia.
  • Formación. El personal que hace parte de la cadena de atención a las usuarias en asuntos relacionados con género y, en particular, en aspectos vinculados al trato inclusivo, deberán presentar capacitaciones permanentes, para brindar calidad en el servicio.
  • Apoyo Interinstitucional. El Consultorio Jurídicocuenta con un listado de entidades, instituciones o personas a quienes se puede acudir en caso de presentarse una situación de crisis emocional o algún imprevisto que no pueda atenderse desde el servicio que se presta en la atención a mujeres y personas LGBTI.
  • Coordinación y la Articulación. El procedimiento para la coordinación y la articulación del protocolo de atención a mujeres y a población LGBTI víctimas de violencia, se desarrollará por intermedio del Asesor del Área Penal y el director del Consultorio Jurídico, con la articulación de todos los miembros que forman parte de equipo de trabajo. Del mismo, modo se establecerán estrategias que permitirán canales de comunicación adecuados con las autoridades e instituciones que forman parte de la ruta de atención.
  • Etapa Atención al Usuario         

Esta etapa marca el primer encuentro de la persona usuaria con consultorio jurídico. Consiste en dar recepción a la persona usuaria o usuario e indicar a quién dirigirse o cómo solicitar turno de atención. Para que este momento del servicio resulte inclusivo, debe tenerse en cuenta lo siguiente:

  • Ingreso. Si el primer contacto del usuario es con el personal de seguridad, no se le debe solicitar que exponga su problemática. Simplemente se le debe indicar ante quién dirigirse o cómo solicitar un turno de atención.
  • Priorización de la Atención.  La atención que se brinda en Consultorio Jurídico Universidad de Santander UDES, debe darse con prontitud, impidiendo esperas injustificadas y tratos burocráticos, evitando en todo caso contribuir en las revictimizaciones. La prioridad en el turno se dará a mujeres embarazadas, adultos mayores, personas con discapacidad, población étnica, personas con signos de alteración emocional o violencia física y a quienes acudan acompañados de niños o niñas.
  • Recepción del Caso. Forma parte del abordaje del usuario y se da inicio a la recepción del caso con una atención personalizada, en donde se orientará acerca de la forma como se atenderá el caso dentro de las instalaciones del Consultorio Jurídico. La orientación jurídica se brindará gratuitamente a la persona victimizada, ofreciéndole una explicación sobre las implicaciones jurídicas del caso, las acciones legales a su disposición y las instancias o entidades donde podrá hacer valer sus derechos.
  • Escucha Activa. Inicia determinando las necesidades que expresan las personas usuarias, se debe prestar atención a las situaciones expresadas y ser receptivo en el caso que se presenten opiniones y preguntas, además de tener presente la manifestación de las emociones; es necesario conservar un lenguaje corporal y verbal conveniente para transmitir su actitud de escucha.
  • Comunicación Asertiva. La comunicación asertiva, se convierte en la clave que abrirá las puertas a la precisión y la calidad de la información a fin de garantizar un direccionamiento apropiado. Este proceso deberá presentarse en forma bidireccional y ser liderado por los miembros del equipo de trabajo de Consultorio Jurídico a fin de alcanzar escenarios de seguridad, tranquilidad y honestidad.
  • Direccionamiento. Siendo este el primer contacto debe realizarse con altos niveles de sensibilidad, a efecto de determinar el estado emocional o físico en que se encuentra el usuario, tomando en consideración cualquier obstáculo que se presente en la comunicación, para guiarle en la atención que corresponda o través de ramas auxiliares como: psicología y, en el caso de ser necesario se activará la ruta de atención para la prestación de servicios de salud.
  • Asesoría Psicológica. Es el proceso de ayuda profesional que se prestará ante una situación de indecisión, dificultad o crisis respecto a un acontecimiento personal de los usuarios, y que no requieren una terapia como tal, pero si una orientación para poder resolver esas situaciones. Es de anotar que la asesoría psicológica contrarresta los efectos que generan en la persona víctima de violencia, como por ejemplo la culpa, la naturalización, la vergüenza, el silenciamiento, entre otros, lo que permite la comprensión de lo sucedido y favorecer la toma de decisiones.
  • Registro. La información deberá ser diligenciada en el formato de atención a víctimas de violencia de género, en el cual se incluye como primera medida la identificación del tipo de violencia y la ruta a seguir de acuerdo con la tutela judicial requerida en cada caso en particular. La información y preguntas contenidas en él deben estar explicadas de forma clara. Esto también aplica para la información que debe ser entregada por escrito, por ejemplo, folletos informativos. Los formatos además del sexo incluyen si la persona se auto reconoce como perteneciente a un grupo étnico, a una comunidad LGTBI.
  • Privacidad. Si la persona llega emocionalmente alterada, bajo tales circunstancias y en caso de ser necesario se conducirá a la usaría a un lugar más adecuado, para transmitirle la información requerida o guiarle en la ruta de atención.
  • Etapa de Asesoramiento y Competencia

En esta etapa se indicará a la persona cuál es la ruta para seguir y las opciones que tiene frente al caso planteado.

  • Análisis de la Competencia. Quien recepcione el caso, deberá evaluar la competencia por parte de Consultorio Jurídico, en conjunto con los Asesores de Consultorio, según el tipo del caso, así como, las características particulares del mismo. De igual manera, deberán ser considerados factores personales, y el análisis y evaluación en materia de coherencia de tiempo espacio y modo, a efectos de asesorar adecuadamente al usuario, re direccionarlo según sus necesidades o remitirlo ante la autoridad, institución competente o instancia pertinente. 
  • Humanización del Servicio. Busca dar respuesta a las necesidades de las personas y contribuir con el estado emocional de quien solicita el servicio, se debe tener en cuenta la seguridad y la condición emocional, por encima del rigor procesal y de ser necesario se recurra de inmediato al equipo interdisciplinario.
  • Información a la Persona Usuaria. Debe ser de forma concisa, comprensible, transparente, completa, oportuna y de fácil acceso, con un lenguaje claro y sencillo sobre los servicios que se prestan en el consultorio jurídico, se debe informar la ruta que debe seguirse, en qué consiste, qué esperar, cuál es el rol activo que desempeña la persona solicitante, qué duración puede tener, cuáles pueden ser los resultados de la actuación, qué implicaciones tiene, etc., además de informar sobre sus derechos y deberes.
  • Recolección de Información. La recopilación de la información deberá ser diligenciada en los documentos establecidos por parte del Consultorio Jurídico de la Universidad. Estos formularios, corresponden a: instrumento de identificación del tipo de violencia de género fuera de la familia y al instrumento de identificación del tipo de violencia de género al interior de la familia, con miras a direccionar el tipo de ruta que deberá seguir el usuario. Adicionalmente, esta información, deberá ser desarrollada con base en criterios de claridad, sencillez y precisión y su registro soportado con base en archivos en medios físicos y magnéticos, con el fin de asegurar la consulta para las partes interesadas.
  • Articulación para la Protección. Asegure la adopción de medidas eficaces e idóneas que prevengan la consumación de los riesgos. En todos los casos proceda a solicitar protección inmediata y urgente cuando se trata de una posible vulneración a los derechos de mujeres lideresas o defensoras de derechos humanos.

6.       RUTA PARA REMISIÓN DE CASOS DE VIOLENCIA

 

Considerando que cada caso es único, por las condiciones individuales de las víctimas, por el tipo de violencia de género presentado, y por la oferta de servicios y disponibilidad institucional en la ciudad de Valledupar, la ruta intersectorial se construye localmente, involucrando a todas las entidades corresponsables en materia de salud, protección y justicia, y tomando en cuenta los análisis de la situación y de determinantes sociales en nuestra ciudad. A continuación, explicaremos la naturaleza de las instituciones:

  1. Fiscalía General de la Nación

La Fiscalía General de la Nación es la entidad “encargada de investigar y acusar ante los juzgados y tribunales competentes a quienes se presuma han cometido algún delito que atente contra la vida, la seguridad o los bienes de otro” (Fiscalía General de la Nación , 2017). Nació en 1991 con la promulgación de la Constitución Política de Colombia y empezó a operar el 1 de julio de 1992. Esta entidad es liderada por el Fiscal General, quien para cumplir con su objetivo misional está acompañado por el Vicefiscal, los fiscales delegados y los demás funcionarios que determina la ley.

Este organismo da prioridad a las investigaciones que estén relacionadas con violencia basada en género, con el propósito de asegurar la judicialización de los responsables y así garantizar la protección de las víctimas. En ese sentido, se mantiene el modelo de denuncia, querella, petición especial o de oficio, además dispone de toda la capacidad humana, científica y logística de tal forma que se pueda avanzar con determinación en el esclarecimiento de estos hechos.

Dentro de su trabajo interinstitucional se encuentra desarrollar las funciones del Centro de Atención a Víctimas de Violencia Intrafamiliar (CAVIF), en la cual se desarrolla entre otras las siguientes actividades: los programas y estrategias adelantados por este centro, están encaminados al restablecimiento de los derechos de la mujer y de la familia. Del mismo modo, los fiscales adscritos a este centro, cuando las partes lo consideren pertinente, llevan a cabo diligencias y audiencias de conciliación.

  • Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses

Órgano perteneciente a la Fiscalía General de la Nación.  Es un establecimiento público de referencia técnico científica que dirige y controla el sistema de Medicina Legal y Ciencias Forenses en Colombia. Presta “servicios forenses a la comunidad y a la administración de justicia sustentados en la investigación científica y la idoneidad del talento humano en un marco de calidad, imparcialidad, competitividad y respeto por la dignidad humana” (Insituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses , s.f.).  Esta entidad es clave en la ruta de atención y registro de la violencia basada en el género en el país, dado que constituye un eslabón básico de la justicia con deberes específicos en cuanto a la atención y valoración diagnóstica de víctimas sobrevivientes de este tipo de violencia, a la producción de información y a la investigación científica en ese campo, componentes todos estratégicos en el diseño de políticas públicas de prevención en la materia.

  • Ministerio Público

Su máximo organismo es la Procuraduría General de la Nación, y también lo integran la Defensoría del Pueblo y las personerías.

  • La Procuraduría General de la Nación

Es la Entidad que representa a los ciudadanos ante el Estado, además “tiene autonomía administrativa, financiera y presupuestal en los términos definidos por el Estatuto Orgánico del Presupuesto Nacional” (Procuraduría General de la Nación, s.f.).  Vela por el correcto ejercicio de las funciones encomendadas en la Constitución y la Ley a servidores públicos y lo hace a través de sus tres funciones misionales principales: función preventiva, está empeñada en “prevenir antes que sancionar”, vigilar el actuar de los servidores públicos y advertir cualquier hecho que pueda ser violatorio de las normas vigentes, sin que ello implique coadministración o intromisión en la gestión de las entidades estatales.

Así mismo tiene la función de intervención, actuando como sujeto procesal, interviene ante las jurisdicciones Contencioso Administrativa, Constitucional y ante las diferentes instancias de las jurisdicciones penal, penal militar, civil, ambiental y agraria, de familia, laboral, ante el Consejo Superior de la Judicatura y las autoridades administrativas y de policía; y la función disciplinaria ya que es la encargada de iniciar, adelantar y fallar las investigaciones que por faltas disciplinarias se adelanten contra los servidores públicos y contra los particulares que ejercen funciones públicas o manejan dineros del estado, de conformidad con lo establecido en el Código Único Disciplinario o Ley 734 de 2002.

  • La Defensoría del Pueblo

Tiene la labor de vigilancia al poder público, a partir de la expedición de la Constitución Política de 1991, se amplió gracias a la creación de la figura del Defensor del Pueblo, especialmente, en cuanto “a protección, defensa, promoción, divulgación y ejercicio de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario” (Defensoría del Pueblo , s.f.). Mediante los artículos 281 y 282 de la Constitución, se estructuraron las características, facultades y funcionamiento de la Defensoría del Pueblo, como proyección y desarrollo de la concepción del Estado Social de Derecho. En ese sentido, se encarga de ofrecer atención, orientación y asesoría sobre el ejercicio de los derechos. Asimismo, ejerce control sobre las actuaciones de funcionarios y funcionarias públicas, o particulares que prestan servicios públicos.

  • Las Personerías Municipales

Las personerías son organismos de control y vigilancia de las respectivas entidades territoriales, que ejercen la función de Ministerio Público y que están encargadas de la defensa, protección y promoción de los Derechos Humanos en su jurisdicción, así como de ejercer el control disciplinario en el municipio, la guarda del interés público y de los principios del Estado Social de Derecho y de la promoción del control social de la gestión pública (Consejo de Estado , s.f.). A su vez, ejercen vigilancia sobre las actuaciones de los funcionarios públicos. En las personerías es posible acceder a asesorías gratuitas para la presentación de acciones de tutela y derechos de petición.

  • Inspecciones de Policía

Son entidades de carácter administrativo de índole municipal, que tiene como función principal el mantenimiento del orden público, salud pública, lugares de encuentro y todos aquellos elementos que componen “el orden público a nivel municipal, la atención inmediata de las contravenciones comunes de policía, y como función preventiva y apoyo a la convivencia pacífica, está la conciliación y mediación en aquellos asuntos que sean transigibles, y conciliables” (Ministerio de Justicia y del Derecho, s.f.).

  • Comisarías de Familia

  Es un organismo distrital, municipal, o intermunicipal, cuya misión es “prevenir, garantizar, restablecer y reparar los derechos de los miembros de un núcleo familiar en el que se hayan presentados casos de violencia intrafamiliar” (Ministerio de Justicia y del derecho , s.f.), que tiene entre sus funciones legales en materia de violencia intrafamiliar activar el órgano judicial de Estado.

Las Comisarías de Familia son instituciones que ofrecen apoyo jurídico y atención psicosocial a las familias, con el fin de que sus miembros puedan ejercer plenamente sus derechos. Para ello, cuentan con personal especializado como abogados y trabajadores sociales o psicólogos, que se encargan de prestar un servicio integral. En casos de violencia de género e intrafamiliar, delitos sexuales, maltrato infantil, entre otros, las Comisarías pueden apoyar el proceso de denuncia y de adopción de medidas de protección.

De acuerdo con los enunciados anteriormente descritos, cada una de estas entidades encargadas de la atención, como ruta integral debe realizar el estudio legal de las posibles vías de acceso para la protección de los derechos y bienes jurídicos tutelados, y podrá direccionar a la persona usuaria para que se active la ruta de atención y así garantizar la protección, recuperación y restitución de sus derechos vulnerados.

6.1.  ¿Qué es una Ruta?

La ruta es un instrumento institucional de acción, al interior del Consultorio Jurídico de la Universidad de Santander que busca orientar y atender a las personas que han sido afectadas, igualmente abarca un proceso formativo y complementario con enfoque restaurativo, será entendido como el conjunto de acciones articuladas, que responden a los mandatos normativos, para garantizar la protección de las víctimas, su recuperación y la restitución de los derechos.

6.2.  ¿Cómo se Activa la Ruta?

La ruta de atención a mujeres y población LGBTI, víctimas de violencia de género, se activará con un espacio que permita a la persona ser escuchada y comprendida emocionalmente, posibilitando una orientación acorde a sus pretensiones y necesidades. No será necesario que la persona que inicie la ruta tome una decisión en el primer encuentro con respecto a las siguientes etapas y la determinación que tome jamás limitará su acceso a los espacios de apoyo y asesoría.

Para la activación de la ruta de atención a casos de violencia de género por parte del Consultorio Jurídico de la Universidad de Santander, se deberá solicitar el consentimiento expreso de la víctima del hecho de violencia; respetando su autonomía y voluntad para decidir sobre las opciones de apoyo y denuncia de la violencia sufrida, que considere que se ajustan mejor a su situación. Este consentimiento debe quedar grabado en los casos en que la persona autorice la grabación, o deberá señalarse por escrito.

Se hará excepción de solicitar consentimiento a la persona victimizada, en aquellos casos en que la ley ordena hacer la denuncia ante las autoridades competentes; en los casos en que está en riesgo la persona victima; cuando se trate de personas menores de dieciocho años; o cuando lo solicite una autoridad competente.

7.       RUTA DE ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA GÉNERO

 

La ruta de atención integral para víctimas de violencias de género se entiende como el conjunto de acciones articuladas que responden a los mandatos normativos para garantizar la protección de las víctimas, su recuperación y la restitución de sus derechos. Comprende las actuaciones internas de cada institución para abordar a la víctima de acuerdo con sus competencias y la coordinación de las intervenciones intersectoriales. A continuación, se describirán las etapas junto con sus diferentes actores, de la ruta establecida por el Consultorio Jurídico de Universidad de Santander en el flujograma Ruta de Atención a las Víctimas de Violencia de Género).

7.1.  Etapa de Identificación para Casos Violencia de Género

A continuación, se relacionan las instituciones que intervienen en procedimientos que procuran una adecuada recepción de los casos y el cuidado físico y psicológico de las víctimas de violencia de género en sus diferentes manifestaciones.

  • Instituciones Educativas

Las instituciones educativas, corresponden a aquellos establecimientos públicos y privados, encargadas de abordar de forma inicial el caso y de conocer la información referente a un hecho constitutivo como una violencia de género. Para el caso particular, dentro del presente documento se denominará a la institución educativa como el Consultorio Jurídico de la Universidad de Santander, la cual realizará las siguientes funciones dentro de esta etapa:

  • Identificará los casos.
  • Notificará y denunciará casos a las Comisarías de Familia o la Fiscalía.
  • Activará las redes intersectoriales para el restablecimiento de derechos.
  • Realizará el acompañamiento y seguimiento de cada caso ante las diferentes instituciones que participen en la ruta de atención integral.
  • Hospitales

Las entidades prestadoras de la atención en salud, en la etapa de identificación brindan información general sobre el proceso integral de atención y derechos en salud, de igual forma manejan la atención en crisis y atención médica, elaboran la historia clínica y “una vez realizados los procesos iníciales de atención integral en salud de las víctimas de violencia de genero las instituciones de salud deben iniciar el proceso de remisión hacia las instituciones de protección y justicia” (Veloza, s.f.), como son las Comisarías de Familia, ICBF o Fiscalía.

Entre sus principales funciones, se encuentran: la recolección de evidencia forense, la preservación y garantía de la cadena de custodia hasta su entrega a las autoridades competentes, adicionalmente, activan las redes intersectoriales, notifican al sistema de vigilancia, dan aviso a instituciones de protección en caso de que la víctima sea un niño, niña o adolescente y ordenar exámenes y controles para continuación del tratamiento médico, en caso de ser necesario.

  • Policía

Esta entidad será la encargada de orientar las acciones a seguir, en cuanto a la activación de la ruta integral de atención para los casos de Violencia de género, así como se encarga de proteger a todas las personas residentes en la ciudad de Valledupar; realizando las siguientes funciones dentro de la presente etapa:

  • Presta la ayuda necesaria a personas e instituciones en caso de que se requiera la acción inmediata por inminente peligro.
  • Lleva a la persona afectada por violencia intrafamiliar (VIF) o violencia sexual (VS) hasta el centro asistencial más cercano.
  • Acompaña a la víctima hasta un lugar seguro o hasta su hogar para el retiro de las pertenencias personales, en caso de considerarse necesario para su seguridad.
  • Personería de Valledupar

Ante la identificación de casos de violencia de género esta ejerce como Ministerio Público, además de promover y vigilar el cumplimiento de los derechos humanos, ejercer la vigilancia administrativa, cumplir con las funciones determinadas en la Constitución y la Ley, garantizando el “acatamiento del debido proceso, defendiendo los intereses colectivos y el patrimonio público fortaleciendo una cultura ciudadana conciliadora, responsable y participativa” (Alcaldía de Valledupar , s.f.); la personería municipal, presta las siguientes funciones dentro de la esta etapa:

  • Reciben quejas y asesoran legalmente a las víctimas.
  • Tramitan quejas y peticiones.
  • Abogan por una atención oportuna y de calidad.

 A continuación, se relacionan las diferentes instituciones que le procuran a la víctima, acceder a un proceso de carácter judicial o, el cual requiere, en primera instancia la enunciación de sus derechos como víctima y la garantía de un proceso ágil y transparente.

  • Comisarías de Familia

Remite de oficio el caso a la Fiscalía General de la Nación, o recibe la denuncia. Solicita dictamen de Medicina Legal en caso de ser necesario. Además de esto, recibe denuncias y adopta las medidas de emergencia y de protección necesarias en casos de delitos contra los niños, las niñas y los adolescentes, también recibe denuncias y toman las medidas de protección en casos de violencia de género. Una vez se profiere el auto que avoca el conocimiento debe enviar para lo de su competencia a la Unidad Local de la Fiscalía General de la Nación, delegada ante los Jueces Penales Municipales, quienes conocen de los Delitos contra la Familia, a saber:

  • Violencia Intrafamiliar (Art 33 Ley 1142 de 2007)
  • Maltrato mediante restricción de libertad (Art 230, y penas aumentadas Art 14 Ley 890/04)
  •  Ejercicio arbitrario de la custodia de hijo menor de edad (Art 230 A, articulo adicionado por el Art 7 Ley 890/04)

Así mismo, y como les corresponde a los comisarios de familia el deber de colaborar para el buen funcionamiento de la administración de justicia, adicionalmente, deberá poner en conocimiento los demás delitos que se puedan configurar en el contexto de la violencia intrafamiliar contra las mujeres, tales como aquellos que atentan contra la integridad, formación y libertad sexual, vida e integridad personal, libertad individual, entre otros.

De acuerdo con el parágrafo del artículo 3 de la Ley 1542 de 2012 En todos los casos en que se tenga conocimiento, de la comisión de conductas relacionadas con presuntos delitos de violencia contra la mujer, las autoridades judiciales investigarán de oficio, en cumplimiento de la obligación de actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra las mujeres consagrada en el artículo 7° literal b) de la Convención de Belém do Pará, ratificada por el Estado colombiano mediante la Ley 248 de 1995.

  • Fiscalía General de la Nación

Esta entidad recibe la denuncia, investiga judicialmente, ordena pruebas, solicita medidas de protección, dispone la judicialización y captura del agresor, remite el caso a salud para la atención integral. Así mismo, la institución tiene las siguientes áreas o divisiones como podemos identificar: a) Unidades de Reacción Inmediata (URI), brinda atención permanente durante las 24 horas del día bajo la dirección de la Fiscalía y con el apoyo de Policía Judicial; b) Centros de Atención e Investigación Integral a las Víctimas de Delitos Sexuales (CAIVAS), brinda atención especializada, integral y articulada a las víctimas de violencia, de violencia sexual en las áreas psicológica, social, jurídica, médico legal e investigativa; c) Centros de Atención e Investigación Integral contra la Violencia Intrafamiliar (CAVIF); brinda atención especializada, integral y articulada a las víctimas de violencia, de violencia intrafamiliar en las áreas psicológica, social, jurídica, médico legal e investigativa.

Teniendo en cuenta lo anterior en esta etapa la Fiscalía realiza las siguientes funciones:

  • Recibe denuncia e investiga judicialmente.
  • Solicita medidas de protección.
  • Ordena pruebas (policía judicial – CTI).
  • Solicita diagnóstico a Medicina Legal.
  • Realiza visita a la escena.
  • Orienta a la víctima.
  • Policía Nacional

              Esta Institución podrá recepcionar denuncias a través de la policía judicial, actúa de manera inmediata para garantizar los derechos de las víctimas o pone el caso en conocimiento de las autoridades competentes. Orienta a la víctima en la preservación de las pruebas. En esta etapa la Policía Nacional realiza las siguientes funciones:

  • Recibe denuncia, remite a Fiscalía y solicita diagnóstico a Medicina Legal.
  • Protege escena del delito.
  • Apoya a las demás autoridades.
  • Para evitar la comisión de una conducta punible por actos de violencia, maltrato o agresión, la policía está facultada para:
  1. Acompañar a la víctima a un lugar seguro y protegido o hasta su casa para retirar sus pertenencias.
  2. Capturar a la persona sorprendida en flagrancia y ponerla inmediatamente a disposición de la autoridad judicial correspondiente.
  3. Penetrar en un domicilio previa autorización de cualquiera de sus moradores.
  4. Allanar un domicilio en caso de flagrancia sin orden escrita de autoridad judicial.

7.3.  Etapa de Restablecimiento de Derechos.

A continuación,se relacionan las Instituciones que procuran que las victimas puedan llevar a cabo el auto reposicionamiento de su dignidad e integridad. Dichas acciones van desde la entrega de información veraz, hasta la vigilancia para la garantía de sus derechos.

  • Mecanismos de Protección

Corresponden a las distintas medidas que adopta el Estado encaminadas al reconocimiento, garantía y cumplimiento de los derechos de las víctimas, así como el restablecimiento de estos.

  • Comisarías de Familias

Tienen funciones y competencias como autoridad administrativa de orden policivo, y cumplen funciones y competencias para el restablecimiento de derechos. Decretan medidas de protección y de atención para garantizar, prevenir, proteger y reparar los derechos de las mujeres y población LGBTI víctimas, cuando haya violencia en el ámbito familiar. Restablecen los derechos de los integrantes de la familia en caso de violencia intrafamiliar. Durante esta etapa las Comisarias realizan las siguientes funciones:

  • Toma medidas de protección.
  • Apoya a la familia y acompaña a las víctimas.
  • Realiza investigación socio familiar.
  • Remite y gestiona atención en servicios especializados.
  • Realiza seguimiento del caso.
  • Fiscalía General de la Nación

EL artículo 22 de la Ley 906 de 2004 dice acerca del restablecimiento de derecho que: Cuando sea procedente, la Fiscalía General de la Nación y los jueces deberán adoptar las medidas necesarias para hacer cesar los efectos producidos por el delito y las cosas vuelvan al estado anterior, si ello fuere posible, de modo que se restablezcan los derechos quebrantados, independientemente de la responsabilidad penal.  

  • Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

La Ley 1098 de 2006 artículo 11 dice sobre la exigibilidad de los derechos que:

Salvo las normas procesales sobre legitimidad en la causa para incoar las acciones judiciales o procedimientos administrativos a favor de los menores de edad, cualquier persona puede exigir de la autoridad competente el cumplimiento y el restablecimiento de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes.  El Estado en cabeza de todos y cada uno de sus agentes tiene la responsabilidad inexcusable de actuar oportunamente para garantizar la realización, protección y el restablecimiento de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes.

Es importante precisar que las medidas de restablecimiento de derechos son decisiones de naturaleza administrativa que decreta la autoridad administrativa competente para garantizar y restablecer el ejercido de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Pueden ser provisionales o definitivas, y deberán ser acordes con el derecho amenazado o vulnerado, garantizando, en primer término; el derecho del menor de edad a permanecer en el medio familiar siempre y cuando éste sea garante de sus derechos.  Para dar cumplimiento a lo anterior el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, realiza las siguientes funciones:

  • Identifica o recibe el caso de violencia sexual cuando sean niños, niñas y adolescentes.
  • Realiza investigación socio-familiar.
  • Remite y gestiona atención en servicios especializados: nutrición, psicología, trabajo social, educación en salud.
  • Verifica garantía de derechos.
  • Brinda atención en crisis.
  • Hace remisión a salud.
  • Gestiona de inmediato la denuncia ante Fiscalía Acompaña y apoya a la víctima.
  • Toma medidas de restablecimiento de derechos.
  • Realiza seguimiento del caso.
  •  Representa a niños, niñas y adolescentes en las actuaciones judiciales y administrativas cuando no esté presente o carezcan de representante legal.
  • Ejerce la secretaría técnica del comité intersectorial para el abordaje de la violencia sexual en el municipio.
  • Personerías Municipales

 La Ley 1098 de 2006, Código de la Infancia y la Adolescencia en su artículo 95, describe algunas funciones del Ministerio Público, en los procesos de infancia y adolescencia, estableciendo de manera clara su participación en calidad de parte en los procesos judiciales y administrativos en que haya presencia de menores de edad. Las Personería Municipales cumplen las funciones de Ministerio Público si no existe Procuraduría Judicial de familia, razón por la cual no se puede prescindir de la notificación del Personero Municipal en los procesos de restablecimiento de derechos, que adelante el Defensor o Comisario de Familia, toda vez que se estaría frente a una flagrante vulneración al debido proceso y al derecho de la defensa de los niños, niñas y adolescentes involucrados en cada proceso. Se tendrán en cuenta las siguientes funciones para el cumplimiento en esta etapa:

  • Abogan por una atención oportuna y de calidad.
  • Ejercen vigilancia y control sobre las instituciones para que se garantice la atención y protección integral de las víctimas en el restablecimiento de sus derechos.
  • Promocionan y divulgan derechos humanos

7.4.  Etapa de Judicialización

A continuación,se relacionan las Instituciones que se encargan del proceso de judicialización de los delitos cometidos, dirigiendo las audiencias y velando por la seguridad de las víctimas.

  • Fiscalía General de la Nación

Dirige las investigaciones penales por posibles delitos y brinda servicio en la administración de justicia. Esta Institución es la encargada de investigar y acusar ante juzgados y tribunales competentes a aquellas personas de quienes se presume han cometido algún delito que atente contra la vida, la seguridad o los bienes de otro.

  • Juzgados Civiles o Promiscuos Municipales

Dirigir las audiencias y velar por la seguridad de las víctimas otorgando las medidas de protección y atención necesaria. Actúan de manera subsidiaria cuando no haya Comisaría de Familia en el municipio.

  • Juzgados de Control de Garantías

Por solicitud de la víctima o la Fiscalía General de la Nación, decreta medidas de protección cuando la violencia se ejerce en el ámbito familiar o por fuera de éste. Además, debe dirigir las audiencias preliminares dentro del proceso penal  y velar por la seguridad de las víctimas.

  • Policía Judicial Permanente

Apoyar a la Fiscalía General de la Nación en la investigación de los posibles delitos. Pueden recibir denuncias, querellas, realizar actos de investigación urgentes. Además de lo anterior, apoya al Fiscal, investiga, compila pruebas, captura y adelanta la iniciativa.

  • Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses

Prestar apoyo científico y técnico a la administración de justicia en Medicina Legal y Ciencias Forenses, cuando es solicitado por Fiscales, Jueces, Policía Judicial, Defensoría del Pueblo y demás autoridades competentes.  En desarrollo de ello, realiza valoraciones forenses, establece incapacidades, entre otros.

8.       RUTA DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN EN CASO DE VIOLENCIA DE GÉNERO

 

La solicitud de medidas de protección implica el reconocimiento, garantía y cumplimiento de los derechos de las víctimas, así como el restablecimiento de estos Fuente especificada no válida., esta ruta ha sido diseñada para que las personas agredidas sean atendidas y protegidas por las autoridades, el primer paso es pedir protección inmediata para ellas y para sus familias.

El paso inicial se realiza ante las Comisarías de Familia, si el agresor hace parte de la familia, y ante la Fiscalía, si viene de un contexto externo. También se puede llamar a la Policía Nacional, que debe tomar las primeras medidas encaminadas a la protección de la víctima, esta se podrá solicitar dentro de los 30 días siguientes a la ocurrencia del hecho siempre que se encuentre bajo el contexto familiar.

El segundo paso que sugiere la ruta es denunciar el hecho de violencia, la cual también podría ser interpuestas por familiares de la víctima, compañeros de estudio o trabajo o vecinos que conozcan de las agresiones. Y estas pueden ser reportadas en estos puntos:

  • CAVIF: Centro de Atención e Investigación Integral contra la Violencia Intrafamiliar (Fiscalía).
  • CAIVAS: Centro de Atención e Investigación Integral a las Víctimas de Delitos Sexuales (Fiscalía).
  • Comisarías de Familia.
  • URI: Unidades de Reacción inmediata (Fiscalía).
  • Policía judicial: (CTI-SIJIN-DIJIN).

En la ruta de atención, a las personas se les garantiza que reciban la atención médica que requieran. En casos de violencia intrafamiliar, por ejemplo, las Comisarías de Familia deben remitir a las víctimas a instituciones prestadoras de salud para que reciban la atención acorde con los protocolos vigentes para estos casos.

Tabla 2 Frente a hechos de violencia en el ámbito familiar

Medidas de protección para las víctimas de violencia intrafamiliar
Ordenar al agresor el desalojo de la casa de habitación.Ordenar al agresor abstenerse de penetrar en cualquier lugar donde se encuentre la víctima.  
Prohibir al agresor esconder o trasladar de la residencia a los niños y personas discapacitadas en situación de indefensión miembros del grupo familiar.Obligación de acudir a un tratamiento reeducativo y terapéutico a costa del agresor.
  Ordenar al agresor el pago de los gastos de orientación y asesoría jurídica, médica, psicológica y psíquica que requiera la víctima.  Protección temporal especial de la víctima por parte de las autoridades de policía, tanto en su domicilio como en su lugar de trabajo cuando el maltrato reviste gravedad.
Ordenar a la autoridad de policía, previa solicitud de la víctima el acompañamiento para su reingreso al lugar de domicilio cuando ella se haya visto en la obligación de salir para proteger su seguridad.  Decidir provisionalmente el régimen de visitas, la guarda y custodia de los hijos e hijas si los hubiere.
  Suspender al agresor la tenencia, porte y uso de armas, en caso de que estas sean indispensables para el ejercicio de su profesión u oficio. (Decisión motivada)  Decidir provisionalmente quién tendrá a su cargo las pensiones alimentarias.
  Decidir provisionalmente el uso y disfrute de la vivienda familiar.  Prohibir, al agresor la realización de cualquier acto de enajenación o gravamen de bienes de su propiedad sujetos a registro, si tuviere sociedad conyugal o patrimonial vigente.
  Ordenar al agresor la devolución inmediata de los objetos de uso personal, documentos de identidad y cualquier otro documento u objeto de propiedad o custodia de la víctima.  Cualquiera otra medida necesaria para el cumplimiento de los objetivos y propósitos de la ley 1257 de 2008.

Nota: Información obtenida del art. 17 de la Ley 1257 de 2008

Tabla 3 Frente a hechos de violencia por fuera del ámbito familiar investigados por la fiscalía.

Medidas de protección para las víctimas de violencia en ámbitos diferentes al familiar
Remitir a la víctima y a sus hijas e hijos a un sitio donde encuentren la guarda de su vida, dignidad, e integridad y la de su grupo familiar.  Ordenar el traslado de la institución carcelaria o penitenciaria para las mujeres privadas de la libertad
Cualquiera otra medida necesaria para el cumplimiento de los propósitos de la ley 1257 de 2008. 

Nota Información toma del artículo 18 de la Ley 1257 de 2008

REFERENCIAS

Asamblea General de las Naciones Unidas . (1996). Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. París.

Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos . (2008). Derechos Humanos, Orientación Sexual e Identidad de Género. Belém do Pará.

Asamblea General de las Naciones Unidas . (2008). Declaración sobre orientación sexual e identidad de género de las Naciones Unidas. París.

Comisión de Asuntos Jurídicos. (2012). Orientación sexual, identidad de género y expresión de género: algunos términos y estándares relevantes. Washington D.C.: Organización de los Estados Americanos.

Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. (2016). Glosario de la diversidad sexual, de género y características sexuales. México D.F.

Constitución Política de la República de Colombia , art. 42 (1991).

Constitución Política de la República de Colombia , art. 43 (1991).

Constitución Política de la República de Colombia , art. 93 (1991).

Ferrajoli, L. (1995). Derecho y razón. Teoría del garantismo penal. Madrid-España: Editorial Trotta.

Ley 1257, art. 2 (Congreso de la República de Colombia 4 de diciembre de 2008).

Ley 1257, art. 3 (Congreso de la República de Colombia 4 de diciembre de 2008).

Ley 1959 (Congreso de la República 20 de junio de 2019).

Ley 294 (Congreso de la República de Colombia 16 de julio de 1996).

Ley 599, art. 210 (Congreso de la República de Colombia 24 de julio de 2000).

Martín, A., Torres, J., & Rozo, L. (2020). Protocolo de Prevención y Atención a Casos de Violencias Basadas en Género y Dicriminación . Bogotá: Universidad del Rosario .

Ministerio de Justicia y del Derecho . (2018). Guía Pedagógica para Comisarías de Familia sobre el procedimiento para el abordaje de la violencia intrafamiliar con enfoque de género. Bogotá .

Ministerio de Justicia y del derecho . (2019). Guía de atención a mujeres y personas LGBTI en los servicios de acceso a la justicia. Bogotá.

Ministerio de Justicia y del derecho. (2020). Cartilla de Género. Bogotá.

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. (1992). LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER. Naciones Unidas.

Organización de las Naciones Unidas. (1948). Declaración Universal de Derechos Humanos. París: Comisión de Derechos Humanos.

Organización de los Estados Americanos . (1969). Convención Americana Sobre Derechos Humanos Suscrita en la ConferenciaEspecializadaInteramericana Sobre Derechos Humanos. San José – Costa Rica.

Organización Mundial de la Salud . (2002). Informe mundial sobre la violencia y la salud . Washington, D.C.: Organización Panamericana de la Salud .

Pérez, J. (2015). Definición de. Obtenido de Definición de protocolo: https://definicion.de/protocolo/

Resolución 1215, art. 2 (Universidad Nacional de Colombia 16 de noviembre de 2017).

Resolución 2200 A (XXI) (Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas 16 de diciembre de 1966).

Sentencia 029 (Sala Plena de la Corte Constitucional 28 de enero de 2009).

Sentencia C-075 (Sala Plena de la Corte Constitucional 7 de febrero de 2007).

Sentencia C-336 (Sala Plena de la Corte Constitucional 16 de abril de 2008).

Sentencia C-577 (Sala Plena de la Corte Constitucional 26 de julio de 2011).

Sentencia T-070 (Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional 18 de febrero de 2015).

Sentencia T-280 (Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional 31 de mayo de 2016).

Sentencia T-594 (Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional 15 de diciembre de 1993).

UNICEF. (2017). Perspectiva de Género . Argentina : Comunicación, infancia y adolescencia: Guías para periodistas.

Universidad del Rosario. (8 de marzo de 2018). NOVA ET VETERA. Obtenido de Violencia de género: más allá de la ley: https://www.urosario.edu.co/Periodico-NovaEtVetera/Sociedad/Violencia-de-genero-mas-alla-de-la-ley/

Violencias de Género . (2016). En M. d. Derecho, M. d. social, & O. Mujeres, Sistema Integrado de Información sobre Violencia de Género (pág. 60). Bogotá .